La huella de carbono se ha convertido en un indicador ambiental esencial para medir el impacto de las actividades empresariales sobre el cambio climático. Este indicador refleja la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos, ya sea de forma directa o indirecta, como resultado de las operaciones de una organización. En los últimos años, el cálculo de la huella de carbono ha pasado de ser una práctica voluntaria a una obligación para ciertas empresas en España, especialmente tras la entrada en vigor de nuevas normativas en 2025.
¿Por qué es importante calcular la huella de carbono?
El cálculo de la huella de carbono permite a las empresas identificar las áreas de mayor impacto ambiental dentro de sus operaciones. Esto no solo contribuye a la reducción de emisiones de GEI, sino que también ayuda a las organizaciones a cumplir con las exigencias legales, mejorar su reputación corporativa y responder a la creciente demanda de sostenibilidad por parte de los consumidores.
Con la entrada en vigor de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, algunas empresas estarán obligadas a calcular su huella de carbono y desarrollar un plan de reducción de emisiones. Este cambio tiene implicaciones significativas para diversos sectores de la economía, ya que afecta tanto a grandes empresas como a otras entidades que cumplan ciertos criterios específicos.
Estas obligaciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2025, haciendo referencia a la huella del año 2024.
Las aclaraciones sobre esta obligatoriedad se encuentran en la modificación del Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono.
¿Qué empresas están obligadas a calcular su huella de carbono?
A partir del 1 de enero de 2025, las empresas que cumplan con los requisitos establecidos por la Ley 11/2018 sobre información no financiera y diversidad estarán obligadas a calcular anualmente la huella de carbono de su organización. Además, deberán presentar un plan de reducción de emisiones para contribuir a los objetivos de reducción de GEI. Entre los criterios para la obligatoriedad se incluyen:
- Empresas con más de 500 empleados.
- Empresas consideradas de interés público según la legislación de auditoría de cuentas.
- Empresas que, durante dos ejercicios consecutivos, cumplan con al menos dos de las siguientes condiciones:
- Activo consolidado superior a 20 millones de euros.
- Cifra de negocios superior a 40 millones de euros.
- Más de 250 empleados.
Estas obligaciones implican que las empresas deben adaptar sus procesos de gestión y operativos para poder medir, registrar y reportar las emisiones de CO₂ y otros gases de efecto invernadero generados por sus actividades.
Variaciones autonómicas en la regulación de la huella de carbono
Además de la normativa nacional, algunas comunidades autónomas han establecido requisitos adicionales para el cálculo de la huella de carbono, que pueden diferir de los criterios generales. Algunos ejemplos relevantes incluyen:
- Islas Baleares (Decreto 48/2021 – en vigor 2023). Obliga a este cálculo a las empresas con 50 o más empleados y/o compañías que facturen más de 10 millones de euros al año (siempre y cuando las empresas operen de forma parcial o total en Baleares.
- Navarra (Ley Foral 4/2022 – En vigor 2024). Las empresas estarán obligadas a calcular su huella de carbono, incluidas las explotaciones agrícolas y ganaderas que desarrollen su actividad en la comunidad foral.
- Valenciana (Ley 6/2022 – En vigor 2025). Obligación del cálculo y acreditación de la huella de carbono y ejecución de un plan de reducción para grandes y medianas empresas que desarrollen sus actividades en la C.V. Por lo tanto, y teniendo en cuenta la clasificación por tamaño de empresas, todo apunta a que las empresas que estarán obligadas a calcular su huella de carbono serán aquellas con más de 50 trabajadores.
- País Vasco (Ley 1/2024 – En vigor 2025). Obligación de calcular la huella de carbono y elaborar un plan de reducción para administraciones públicas, explotaciones ganaderas, actividades agrícolas, forestales y pesqueras, instalaciones de gestión de residuos y tratamiento de agua, instalaciones industriales, establecimientos de ocio y turismo, subsectores del sector servicios.
- Andalucía (Ley 8/2018). Empresas que consumen más de 1 GWh/año están obligadas a calcular la huella de carbono de su organización.
Proceso para calcular la huella de carbono
El proceso de cálculo de la huella de carbono requiere una metodología estructurada para asegurar la precisión y la transparencia de los resultados. Generalmente, se incluyen las siguientes etapas:
- Identificación de fuentes de emisiones: Determinar todas las actividades que generan emisiones directas e indirectas de GEI.
- Recopilación de datos: Recoger la información relevante sobre el consumo de energía, materias primas y otros recursos utilizados en las operaciones.
- Cálculo de emisiones: Utilizar factores de emisión estandarizados para calcular la cantidad de CO₂ equivalente emitido. Guía de referencia en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO₂ del MITECO.
- Reporte de resultados: Documentar los resultados de forma clara y transparente, asegurando la trazabilidad de la información.
- Desarrollo de un plan de reducción: Proponer medidas para reducir las emisiones identificadas, optimizando procesos y adoptando tecnologías más sostenibles.
Ventajas de cumplir con la normativa de huella de carbono
El cumplimiento de la normativa de huella de carbono no solo evita sanciones y multas, sino que también aporta beneficios a largo plazo para las empresas, como la mejora de la eficiencia operativa y una mejor reputación corporativa. Las empresas que toman medidas para reducir su huella de carbono suelen ser mejor valoradas por inversores, socios comerciales y consumidores, lo que se traduce en una ventaja competitiva en el mercado.
Adaptarse para un futuro sostenible
La normativa de cálculo de la huella de carbono y la necesidad de implementar planes de reducción de emisiones son elementos clave para el futuro de las empresas en España. A medida que se acerca la fecha de obligatoriedad, es crucial que las organizaciones se preparen para cumplir con estos requisitos y así contribuir a la transición hacia una economía más verde y sostenible.
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